Los poderes de ejecución del TC

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Los poderes de ejecución del TC

¿Problema político o jurídico?

El pasado Jueves, 1 de Diciembre, tuvimos el placer de asistir a una mesa redonda con Enoch Alberti Rovira, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona; Ignacio Borrajo Iniesta, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra y letrado del Tribunal Constitucional; y Luis Pomed Sánchez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y letrado del Tribunal Constitucional.

El tema central a debatir fue la reforma 15/2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (declarada recientemente constitucional el pasado 3 de noviembre), la cual “otorgó al alto tribunal nuevos mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones, como la la suspensión temporal en sus funciones de las autoridades incumplidoras y la ejecución sustitutoria de sus resoluciones con la colaboración del Gobierno”. (Véase: Noticias Jurídicas: “El TC avala la constitucionalidad de la reforma de su Ley reguladora para permitirle la ejecución de sentencias”).

La primera intervención fue llevada a cabo por Luis Pomped Sánchez. El letrado del Tribunal Constitucional trató tres bloques: la conextualización de la LO 15/2015 en la historia de la reformas del Tribunal Constitucional; su contenido; y, por último, una valoración personal.

Como bien señaló, estamos ante la décima reforma de la LO 2/1979 de 3 de Octubre del Tribunal Constitucional, de las cuales se ha dado lugar a seis STC, todas ellas declarando la constitucionalidad de tales reformas. El señor Pomped Sánchez señala que “el Tribunal Constitucional prácticamente ha entregado al legislador ordinario su configuración”. La lectura de la reciente sentencia le causa “cierta desazón; no se plantea ni resuelve el problema”. Además, el ponente cuestionó si esos poderes de suspensión de parlamentarios son compatibles con la garantía constitucional de la inviolabilidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones. En relación a su valoración personal, señalamos sus palabras: “No se había adivinado la necesidad de estos poderes de ejecución hasta que el legislador amablemente los ha puesto a disposición del Tribunal Constitucional. Con carácter general las resoluciones del Tribunal Constitucional se han venido respetando y cumpliendo por parte de los poderes públicos. (…) No gustó la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esto no deja ser una pieza más de un intento disparatado de resolución de un problema. Con sentencias del Tribunal Constitucional no se resuelve este problema político, para el que no responde de medios, ni iniciativa”.

El segundo en intervenir fue el letrado del Tribunal Constitucional, Ignacio Borrajo Iniesta, el cual contextualizó esta última reforma haciendo referencia, en primer lugar, a la evolución de la justicia constitucional y, en segundo lugar, a los problemas territoriales existentes en España. Para el ponente, el Tribunal Constitucional, parafraseando a Tomás y Valiente, se trata de un  “Órgano en el que hay que preservar el consenso Constitucional”. Señala como centro del problema la suspensión a las autoridades incumplidoras y le llama la atención el hecho de que no se menciona cómo se ejecutan las sentencias en los países donde sí se ejecutan. Explicando cómo funciona la ejecución de las sentencias en los países de la Common Law, establece como figura jurídica clave de bóveda de todo el sistema de ejecución de sentencias al desacato. Figura  que, para el ponente, no está bien vista en nuestra realidad jurídico-social. En relación a este problema, el ponente señala que “el Tribunal Constitucional ha introducido muchas modificaciones en su ámbito y me da pena el contexto de esta Ley de dar un problema político a quién no corresponde, corresponde al Senado y al Gobierno”.

Por último, y no por ello menos importante, la intervención de Enoch Alberti Rovira dejó en el aire preguntas realmente relevantes a la hora del modo de ejecución de tales poderes. En relación a la suspensión señala que la posibilidad de juzgar cargos públicos va en contra de la naturaleza del Tribunal, el cual “no imparte justicia concreta” y, subsanando esto, el Tribunal optó por entender que no supone una sanción. Por otra parte, en relación a la ejecución sustitutoria, señala que se produce un solapamiento puesto que ya está prevista en el art. 155 de la Constitución, la cual había otorgado un papel protagonista a los dirigentes políticos, y “sustiruir los órganos políticos por el Tribunal Constitucional, se trata de pasar el muerto a sus espaldas”. Para el señor Rovira, “se ha actuado al calor de un problema político, para el cual se ha recurrido a la vía de la proposición, evitando informes y el dictamen del CGPJ y, además, tramitada en un mes”. Cerrando su intervención, al igual que el resto de intervineintes, hace referencia a la reforma 15/2015 como  “un conflicto político se intenta otra vez resolver mediante medios no adecuados, mediante la estrategia de remitirse a la Ley y al imperio de la Ley, como si se tratase de un problema jurídico. Esto produce una contaminación del sistema constitucional, pasando la patata caliente”.

Descubre más sobre los ponentes

Enoch Alberti
Rovira

 Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Miembro del Consejo Asesor para la Transición.

Ignacio Borrajo Iniesta

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra y letrado del Tribunal Constitucional

Luis Pomped Sánchez

Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y letrado del Tribunal Constituciona

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